Más allá de los mitos y prejuicios antimineros. Por Iván Arenas.
En su mensaje a la Nación de 28 de julio, el presidente Pedro Castillo indicó que “si un proyecto minero no tiene rentabilidad social simplemente no va”. Y a renglón seguido añadió que dicho criterio, el de rentabilidad social, «es superior a la licencia social”. No obstante que el término “licencia social”, un wishful thinking del movimiento que se opone a la minería, simplemente no existe, el presidente no precisó a qué se denominará exactamente «rentabilidad social».
Sin embargo, de alguna u otra manera el propio Castillo construyó los ribetes de lo que significaría el concepto en ciernes, señalando que los proyectos mineros deben «contribuir a dinamizar la economía local, regional y nacional, a incrementar el ingreso nacional propiciando el ingreso de capitales, y que la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante y mejore las condiciones y salarios”.
A nuestro entender la única explicación para que el Presidente haya mencionado que desde ahora se usará el concepto de “rentabilidad social” en los proyectos mineros o extractivos debe ser porque no tuvo a un especialista en el campo; y si lo tuvo, pues simplemente cometió un error absoluto. Lo cierto es que si el presidente Castillo se refiere que el concepto de “rentabilidad social” significará que desde ahora los capitales contribuyan a dinamizar la economía local o comunal. Entonces vale explicarle que eso ya se hace, y es intrínseco al negocio mismo. ¿Cómo así? Veamos.
A diferencia de décadas atrás, sobre todo luego del velascato, el sector minero no es un enclave, como a menudo desde la izquierda se suele decir. Sin la minería no se puede explicar la reducción de la pobreza, el fomento del empleo con derechos sociales y laborales, ni menos la emergencia de una nueva clase media en las zonas alrededor de los proyectos mineros. Asimismo, quien conoce la minería moderna sabrá que existen encadenamientos que integran a los comuneros como proveedores y a varias empresas de todo tipo de rubro.
Sin temor a equivocarme, hoy la minería moderna ha podido convertir a muchos otrora comuneros en empresarios formales anclados a estándares de clase mundial. En Espinar, un comunero se ha convertido en uno de los proveedores más importantes de la empresa minera afincada allí; y en Fuerabamba, hasta hace 20 años existía el trueque.
No solo eso, hoy hay una sinergia entre minería moderna, agricultura, ganadería y otros sectores productivos. Muchas veces a través de programas o proyectos financiados con las contribuciones de las propias empresas, se potencia la competitividad y la productividad.
Si eso no es rentabilidad social y contribución a dinamizar la economía local, ¿qué es entonces?
Quizá el presidente parte del prejuicio ideológico, como todo buen zurdo marxista, de que la minería moderna solo es contaminación y explotación; pero eso solo es parte de una campaña de antipropaganda post extractivista. O quizá el presidente piense que no se debe desarrollar la minería moderna con aporte privado, a pesar de que todos los países que son potencia minera aceptan las inversiones privadas. En todo caso, no lo sabemos.
Quizá ha llegado la hora de plantarle cara a los mitos que el propio Ejecutivo desarrolla. Ya es hora de enfrentar los prejuicios ideológicos.
Fuente: El montonero
