Por César Gutiérrez Peña, director de Utilities Perú
Se espera que en el 2020 se fije un derrotero luego de tres años de proselitismo convenido
En el Perú el discurso ambientalista gubernamental y del sector privado, no se condicen rigurosamente con la realidad. Por el lado estatal se habla para que escuchen las grandes ONG del sector y asistentes a los grandes foros internacionales; mientras que, desde el lado privado a nombre de la conservación del planeta, se exige a los gobiernos que les faciliten más negocios en el ámbito de energías renovables.
En este contexto, desde el Estado, las políticas ambientales y energéticas se han implementado con una serie de dispositivos inconexos, mientras que desde el sector empresarial los decibelios de protesta han ido “in crescendo”, para mejorar la rentabilidad de sus operaciones.
LEGISLACIÓN ABUNDANTE EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
Una verdadera preocupación estatal que relacione el tema medio ambiental con las actividades energéticas y agropecuarias, debe pasar por compatibilizar las medidas que se han venido dando desde el año 1999, con la promoción del gas natural; en el 2003, con la promoción de biocombustibles-etanol y biodiesel-; en el 2005, con la exigencia de la desulfuración del diésel; en el 2008; con la promoción de la generación de recursos energéticos renovables (RER: eólica, solar, biomasa y la postergada geotermia). En el mismo 2008, con la creación del Ministerio del Ambiente (Minam); en el 2009 con la licitación de suministro de electricidad con hidroeléctricas; en el 2011 con otra licitación de venta de energía producida por hidroeléctricas. En el segundo semestre del 2011, con la Ley de Consulta Previa; en el 2014 con el Plan Energético Nacional 2014-2025; en el 2017 con una normativa fallida sobre la formación de precios en el mercado de corto plazo-mercado spot- y en el 2018 con la Ley sobre Cambio Climático.
INTENTOS LEGISLATIVOS FRUSTRADOS EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS
En el camino ha habido otros intentos legislativos, como el propuesto el 2016 por el congresista fujimorista por la región Tumbes, Juan Carlos Yuyes, cuya finalidad era incrementar la cuota actual de 5% participación RER en el consumo nacional y promover la construcción de hidroeléctricas asociadas a grandes proyectos agrícolas como Olmos o Majes-Siguas. A esta iniciativa legislativa se sumó en el 2017, otro proyecto de ley promovido por el congresista fujimorista por Lima Provincias, Percy Alcalá, que tenía como fin incrementar a como dé lugar el precio de venta en el mercado de spot-costo marginal-. En resumen, un sector sumamente prolífico en normativa, publicada y frustrada.
EL DETONANTE PARA LA PRÉDICA DE LAS RER
Desde septiembre del año 2015, comenzó a ingresar más oferta de generación hidroeléctrica, 172 MW provenientes de la Central Hidroeléctrica de Cheves-propiedad de la noruega Strakraft-, la que se amplió en agosto del 2016, con la puesta en operación comercial de 514 MW de la Central Cerro del Águila- propiedad del grupo israelí Inkia-. Un mes después ingresaron al mercado 467 MW de la Central de Chaglla-propiedad de la brasileña Odebrecht-. En resumen, en el lapso de 12 meses la oferta se incrementó en 1,153 MW, toda de origen hidráulico.
Originalmente, el gobierno aprista que organizó licitaciones en el 2009 y 2011, había previsto que se construyese centrales que pudiesen aportar 593 MW en total. El excedente, que llegó a 560 MW, se construyó por cuenta y riesgo de las empresas citadas, pensando que la demanda eléctrica crecería al mismo ritmo del período 2006-2011. La realidad fue que en el quinquenio “humalista”, 2011-2016, la tasa de crecimiento fue menos de la mitad que en el período que le antecedió.
Esta situación fue la tormenta perfecta por el gran superávit de capacidad de oferta que originó que los precios de la energía en el mercado spot, se desplomasen a menos de 10 dólares por megavatio-hora (US$/MWH), mientras que en el mercado de contratos el precio era del orden de 45 US$/MWH. En esas condiciones unas empresas apostaron a ofrecer a los clientes de sus competidores. precios inéditos, 30% a 50% menores que los que tenían, originando una migración muy intensa de consumidores de una empresa a otra.
Las empresas que perdieron clientes, salieron en una prédica para que el Estado normase reglas para la formación de precios en el mercado spot. Los antiguos propagandistas del libre mercado pidiendo un Estado regulador.
EL RECLUTAMIENTO DE LOS PROMOTORES DE GENERACIÓN RER
Una serie de pequeños promotores de proyectos RER; la mayoría de ellos sin capacidad alguna de poder desarrollarlos, pues en este sector se han enseñoreado grandes empresas con capacidad de conseguir créditos a tasas bajísimas en los mercados internacionales; fueron reclutados por los quejosos que habían perdido clientes en la puja con sus competidores.
Así las cosas, todo el discurso del ambientalismo se alineó con la discusión del costo marginal que pautearon los perdedores. Se perdió de vista que las emisiones de gases de efecto Invernadero (GEI), del sector electricidad peruano son solo el 5% del total, mientras que el transporte representa el 10% y la deforestación el 51%. Hasta hoy se escucha a especialistas de medio ambiente con desgarros de vestiduras a nombre del costo marginal. Reclutamiento exitoso a la causa equivocada.
NECESITAMOS QUE SE REORIENTE AMBIENTALISMO Y POLÍTICA ENERGÉTICA
Los nuevos conductores del Minem, que son personas que conocen el sector, acaban de anunciar medidas para una gestión sin dudas en el mercado spot, basadas en libre competencia y transparencia de la información. Los principios anunciados van en la línea correcta, pero hay que esperar que los mecanismos que se implementen sean efectivos, la tarea no es fácil. Si hay éxito, se habrá acabado con las peroratas falaces y podemos pasar a la etapa de un plan energético alineado con el ambientalismo. Espero que así sea.
