martes, mayo 17, 2022
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Firmes por la decencia: Exijamos la transparencia

Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE.

El Perú ha sido miembro del EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) desde el año 2005, una organización mundial independiente, que registra y reporta abiertamente toda recaudación tributaria proveniente de las industrias extractivas, tales como minería e hidrocarburos, con la finalidad de ser una fuente fidedigna de los impuestos realmente recaudados en esos países. El mecanismo está diseñado para asegurar absoluta transparencia de la información y para lograrlo, se trabaja de la siguiente manera:

  • Las empresas extractivas autorizan, formalmente y por escrito a la SUNAT, la entrega de la información tributaria requerida por la firma auditora independiente designada por la Secretaría Técnica de EITI en el Perú.
  • La información de las Declaraciones de Impuestos proporcionada por la SUNAT, es debidamente revisada en su integridad, tabulada y estructurada de manera homogénea y es proporcionada a la Secretaría Técnica para su registro, por industria, región e identificación de los importes que deben ser transferidos a los gobiernos regionales, universidades y municipalidades correspondientes.
  • La Secretaría Técnica recae en el MINEM (Ministerio de Energía y Minas).
  • Esta secretaria técnica comparte la información elaborada al EITI, quien emite los informes anuales de recaudación tributaria proveniente de estas industrias extractivas, tanto por los importes pagados, como por la asignación a los distintos receptores finales indicados anteriormente.

Es muy importante resaltar, que los generadores de más del 95% de las rentas provenientes de las industrias extractivas han venido participando de este mecanismo de reporte e informes finales y, en consecuencia, es la mejor herramienta con que pueden contar: el gobierno, las empresas y los gremios empresariales, para conocer e informar la real tributación de estas empresas. Esta información es sumamente útil para la ciudadanía, permitiéndole estar en condiciones de poder exigir a los diferentes estamentos del gobierno, la ejecución de inversiones y gasto social, lo que, en última instancia, es la razón de ser de la tributación.

Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, el problema es que marzo de cada año, es el plazo límite para que el MINEM reporte al EITI la información recibida y catalogada por el año anterior y, hasta la fecha, el MINEM no ha hecho ningún trabajo al respecto y todo indica que no estará cumpliendo con el compromiso que consistentemente se ha respetado durante los últimos 17 años.

Resulta muy curioso y peligroso, que un gobierno que ha venido amenazando y reclamando desde su campaña política electoral, la necesidad de una mayor recaudación tributaria, incluyendo la posibilidad de “nacionalización” de los recursos naturales, con el objeto de captar una “participación razonable de la renta”, ahora y una vez en control del Estado, deje de informar a través del EITI, la mencionada recaudación fiscal.

Por eso, debemos estar muy alerta, tener mucho cuidado y ser muy suspicaces respecto al hecho que, un gobierno que, durante sólo siete meses de gestión, ha dado muestras claras que la corrupción se da a nivel extremo y masivo, pues se ha evidenciado participación de toda la estructura de gobierno, que va desde la sede presidencial, hasta los niveles inferiores de gobierno, ministerios, gobiernos regionales y municipalidades.

Un gobierno que fomenta y promueve muy altos niveles de informalidad en actividades masivas, mientras aplica criterios muy estrictos a los ciudadanos y empresas que actúan en el ámbito formal, se convierte en un escenario muy peligroso para estos y propicio para el abuso.

No es posible que, en tan corto plazo, se esté destruyendo la institucionalidad en el Perú, que un gran número de individuos sin conocimientos, principios ni valores, esté tomando por asalto los órganos del Estado y esté arrasando con él. No podemos permitir que algunos congresistas tránsfugas y corruptos, se hayan puesto, por intereses individuales, del lado de la corrupción y con su pasividad o complicidad, estén permitiendo este desastre nacional.

Es evidente que este gobierno y los congresistas que se han puesto de su lado, tienen el mayor de los desprecios por la transparencia. Por eso, no responden a la prensa, ocultan las agendas de los miembros del gobierno y de las empresas donde se realiza licitaciones impropias. No se exhibe los controles de ingreso de las personas con las que se reúnen tales funcionarios, ni se reporta el propósito de tales reuniones, hasta el punto de haberlas efectuado a hurtadillas y fuera de sus lugares de trabajo.

Hace ya mucho tiempo que hemos excedido los límites que la ley, la ética y la moral pueden tolerar, al punto que el gerente general de la más grande empresa pública, se ha permitido amenazar a los funcionarios de la oficina de control interno de su empresa, por hacer su trabajo de investigar y, por otro lado, esté exigiendo a la firma de auditoría externa una cláusula de confidencialidad perpetua.

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