martes, mayo 17, 2022
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Gasnorp: “Familias piuranas se quedarían sin gas natural si se admite medida cautelar a favor de empresa cuestionada”

Gasnorp apela irregular sentencia judicial en primera instancia

Gasnorp, responsable de la distribución de gas natural en la región Piura, informó que, al igual que el MINEM, apelaron la arbitraria sentencia emitida por el Juzgado Civil Permanente de Talara que declara fundada en parte las pretensiones de la empresa Gastalsa, empresa cuyo contrato de concesión fue declarado caduco al haberse probado que incumplió con sus obligaciones durante más de una década.

Dicha resolución en primera instancia fue dictada por el juez José Efraín Villegas Carrasco, quien tiene una investigación de la OCMA por este mismo caso e ignoró los argumentos legales por parte del Estado Peruano y Gasnorp que defienden el legítimo derecho de la región Piura por contar con el servicio público esencial de gas natural.

A pesar de esta resolución, Gasnorp informó que mantiene su compromiso y continuará con la masificación del gas natural para la región Piura donde ha invertido más de US$ 100 millones que le ha permitido avanzar con la distribución y beneficiar a 16,000 personas que cuentan con este servicio público en Piura, Talara y Sullana y, próximamente, en Paita y Sechura.

Al respecto, la empresa, manifestó que “Hacemos un llamado a las autoridades del Poder Judicial -en especial a la Oficina de Control de la Magistratura- así como a la opinión pública, a estar atentos al desarrollo del citado proceso judicial, con el propósito de que jueces investigados no pretendan afectar de manera indebida la prestación del servicio público esencial de gas natural que beneficia a las familias de Talara y la región”.

Asimismo, alertó que existe una amenaza por parte de la empresa Gastalsa que anteponiendo sus intereses privados y sin cumplir los requisitos que exige la ley, solicite una medida cautelar lo que generaría la paralización de toda la masificación de gas natural en la región Piura, negando la posibilidad de contar con el servicio público a más de 64,000 familias, que no podrían acceder a un combustible económico, seguro y limpio para sus hogares.

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