miércoles, enero 26, 2022
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Roxana Barrantes: ¿Cierre de minas o minas cerradas?

Lo que podría pare­cer un juego de pala­bras cla­ra­mente no lo es. En el mundo moderno, una ope­ra­ción minera se pla­ni­fica inclu­yendo el pro­grama de cie­rre, de acuerdo a los estu­dios pre­vios rea­li­za­dos sobre el poten­cial del yaci­miento.

Por supuesto, este pro­grama puede sufrir cam­bios, ya que se puede obte­ner más infor­ma­ción sobre el poten­cial de la tie­rra durante la ope­ra­ción.

Esto genera el ini­cio de nue­vos pro­ce­di­mien­tos para que se auto­ri­cen los cam­bios en el pro­grama de ope­ra­cio­nes y cie­rre y así, hasta que final­mente se agote la vida útil, es decir, el tiempo posi­ble para extraer el mine­ral con la tec­no­lo­gía dis­po­ni­ble a los pre­cios vigen­tes. Un cam­bio téc­nico puede exten­der la vida útil, así como podría hacerlo una ele­va­ción de los pre­cios. Es recién en el 2003 cuando se aprobó la Ley 28090, que regula el cie­rre de minas. Antes, nues­tro país no con­taba con una regu­la­ción que exi­giera a las empre­sas y sus ope­ra­cio­nes seguir están­da­res de cali­dad ambien­tal y de rela­cio­na­miento comu­ni­ta­rio para los cie­rres.

De esa caren­cia es que se puede expli­car que, al día de hoy, el inven­ta­rio de pasi­vos ambien­ta­les cuenta con casi ocho mil pasi­vos. Cada uno exhibe diver­sos nive­les de riesgo para la vida y la mayo­ría de ellos son “huér­fa­nos”, es decir, no se puede iden­ti­fi­car o ubi­car a la ope­ra­ción minera que los creó ori­gi­nal­mente.

En estos casos, su ges­tión es asu­mida por la empresa pública Acti­vos Mine­ros (AM). De más está decir que no cuenta con el pre­su­puesto nece­sa­rio para aten­der todos los pasi­vos.

La Comi­sión para el Desa­rro­llo Minero Sos­te­ni­ble, que tuve el honor de pre­si­dir, incluyó entre sus 11 reco­men­da­cio­nes estra­té­gi­cas el aten­der estos pasi­vos mine­ros, a tra­vés de diver­sos meca­nis­mos como el de incen­ti­vos para pro­mo­ver la reme­dia­ción volun­ta­ria y un marco nor­ma­tivo para dina­mi­zar su rea­pro­ve­cha­miento, así como for­ta­le­cer a la empresa AM.

Adi­cio­nal­mente, se reco­mendó uti­li­zar parte de los recur­sos pro­ve­nien­tes del canon y la rega­lía minera para for­ta­le­cer tam­bién finan­cie­ra­mente a AM y que emprenda con prio­ri­dad la reme­dia­ción de los acti­vos que exhi­ben mayor riesgo.

¿Por qué inclui­mos este tema entre las pocas reco­men­da­cio­nes estra­té­gi­cas que plan­tea­mos? Por un motivo claro y sencillo: la cre­di­bi­li­dad del Estado para cum­plir su fun­ción de garante de los dere­chos a un ambiente sano como parte del desa­rro­llo de acti­vi­da­des mine­ras, se pone en riesgo cuando deja­mos esos pasi­vos mine­ros sin con­ver­tir­los en acti­vos que no pon­gan en riesgo la salud y la vida.

Muchos más temas vamos a tener que resol­ver para imple­men­tar exi­to­sos pro­ce­sos de cie­rre de minas, en lugar de tener minas cerra­das con pasi­vos huér­fa­nos.

*La autora es direc­tora del Banco Cen­tral de Reserva del Perú (BCR). Las opi­nio­nes ver­ti­das son estric­ta­mente per­so­na­les.

Fuente: El Comercio

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